La nueva política de vivienda apunta hacia un mercado inmobiliario más equilibrado

La nueva política de vivienda apunta hacia un mercado inmobiliario más equilibrado

La política de vivienda está dando un importante giro que apunta a
una mayor fuerza de lo social y parece que camina hacia el equilibrio.
Entre las medidas de urgencia tomadas en el Real Decreto Ley en materia
de vivienda y en materia de arrendamientos se revela que las políticas
están tomando un nuevo rumbo y responden a una creciente urgencia social
en estos terrenos.

Con esta nueva normativa se empiezan a aportar soluciones a un
problema evidente de carácter social, y es que en los últimos años el
acceso a la vivienda en España se ha convertido en una cuestión
alarmante y en un problema real para jóvenes y familias. La gravedad
aumenta en determinadas zonas turísticas  y grandes urbes.

Este paso adelante para empezar a abordar el problema es solo una
toma de contacto inicial con la realidad, ya que no será de solución
fácil. Para la construcción de viviendas asequibles y de viviendas
sociales se determina el Plan de 20.000 viviendas, que todavía se tendrá
que rediseñar y dotar de recursos suficientes para su ejecución en
conjunto con el Plan Estatal de Vivienda.

Es necesaria la elaboración de una Ley Estatal de Vivienda que fije
de forma tajante el derecho a la vivienda, que también determine la
permanencia de la vivienda protegida y se deshaga del vacío legal que
existe en este tipo de cuestiones y deja a cierta parte de la ciudadanía
en el desamparo.

Los inicios de la problemática de la vivienda

Cabe recordar que esto es un problema sin resolver, arrastrado desde
hace varios años y con una fecha de inicio bastante clara. La crisis
económica no solo arrasó con el poder adquisitivo de muchas familias y
personas, también las políticas de recortes en medidas sociales y de
arrendamientos que se impusieron para la recuperación económica ayudaron
a empeorar la problemática del inmueble.

Ante el creciente encarecimiento de los alquileres que se detecta en
los últimos años, el 43% de los hogares que alquilan a precio de mercado
gasta más del 40% de sus ingresos en el pago del arrendamiento. En la
Unión Europea estos casos se dan en un promedio del 28% de la población.

Una buena parte de esta población afectada son los jóvenes, sin
oportunidad de encontrar una vivienda accesible para sus salarios en las
ciudades grandes donde les surgen las oportunidades laborales adecuadas
con sus perfiles profesionales.

La incapacidad para pagar el alquiler no está por primera vez
relacionado directamente con el paro o con la falta de oportunidades
laborales, y cabe recordar que una gran cantidad de personas con empleo
se ven incapaces de abordar un alquiler con su sueldo, datos realmente
alarmantes.

La urgencia social de la vivienda, el gran problema

Esta inevitable y tangible urgencia social ha acelerado ciertos procesos y generado reacciones, por lo que se desarrolla el actual Decreto Ley con un paquete de medidas equilibrando la balanza. Algunas medidas van dirigidas al mercado inmobiliario para incentivar la oferta de la vivienda y democratizar el abanico de precios presentados en la actualidad.

Esto se llevará a cabo con el uso de medidas fiscales o también
abriendo la puerta a que se utilice la financiación sobrante de la
tesorería municipal para la promoción de vivienda. Otras propuestas
están más enfocadas a aligerar los difíciles gastos del arrendamiento,
mejorar la accesibilidad para todos los ciudadanos, familias y
trabajadores y fortalecer también la seguridad de los arrendatarios. Sin
olvidar el importante problema del desahucio, del que se plantea buscar
soluciones más rápidas y fiables.

Estas medidas son fundamentales a nivel social, ya que los sectores
más afectados han sufrido duros desahucios en los últimos años. La
reducción de los plazos de 5 a 3 años en la reforma de 2013 fue
gravemente tóxica: se frenó la oferta frente a la tendencia observada
desde 2005; se aceleró el aumento de los precios, al producirse una
revisión más recurrente de los alquileres; y, como resultado de lo
anterior, repuntaron los desahucios por impago de la renta, sobre todo a
partir de 2016, cuando se empezaron a revisar los primeros contratos de
2013.

Todas estas medidas prevén remediar esas delicadas decisiones de los
últimos años, aunque dadas las circunstancias la recuperación real
costará varios años en hacerse efectiva y en ofrecer frutos tangibles.

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