La vivienda en España no pasa por su mejor momento y la sociedad sufre los asfixiantes costes del arrendamiento, especialmente en las grandes urbes o las zonas turísticas. En este contexto, se aprueba otra reforma más de la Ley de Arrendamientos Urbanos que no terminará con el problema al menos de manera inmediata, dada la gravedad de la situación de los inquilinos y del mercado inmobiliario.
El pasado 14 de Diciembre de 2018, el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez dio por aprobada la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Entre las medidas que se contemplan en esta necesaria, aunque no infalible, reforma están la duración mínima contractual que pasará de 3 años a 5 años, también la prórroga del arrendamiento que se aumentará de 1 a 3 años, los honorarios de APIs o de administradores en el mercadeo y contratación serán asumidos por la propiedad cuando es una sociedad, y los inquilinos de vivienda habitual no tendrán que hacerse cargo del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP).
Esta reforma contiene bastantes diferencias con la anterior modificación realizada en el año 2013, aunque si se observa de manera global y se analiza la evolución desde la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se podría decir que no es un sector de grandes cambios y que tampoco se han tomado demasiadas cartas en este asunto en cuestión de tantísimos años. Incluso en esta última aprobación se vuelve a algunos puntos que la propia versión de 1994.
En este punto de la historia y con algunas reformas de por medio, la situación es que multitud de familias en España no están capacitadas para encontrar una vivienda digna. La gravedad de este asunto pasa porque la situación no está derivada de una falta de empleo o de ingresos, ya que es el propio mercado inmobiliario el que infla de manera incontrolable unos precios de alquiler que los ciudadanos no pueden abordar.
La población con los ingresos más precarios es quien sufre esta situación con mayor crudeza, y en los últimos años atienden a un alto porcentaje de la población española. El mercado no ofrece una alternativa viable y son expulsados a situaciones de exclusión residencial en forma de infravivienda, hacinamiento u ocupaciones de viviendas vacías, algo que solo engrosa el problema y añade conflictos en los vecindarios.
Un dato relevante es el creciente número de desahucios invisibles, que actualmente denuncian con fuerza los principales sindicatos de inquilinos. Estas organizaciones se han creado de manera más o menos reciente, y son un claro síntoma de que el colectivo es amplio y se convierte en un problema de un calibre lo suficientemente extendido para formalizar una organización y trabajar de manera conjunta.
Si nos centramos en los motivos de todas las reformas de la LAU de 1964 (1985, 1994, 2013 y ahora 2018), aparece como argumento principal el aumento de la oferta de vivienda para favorecer una bajada del precio de los alquileres, esto insinúa de alguna manera que vivimos un problema nuevo y que un fantasma del mercado inmobiliario persigue la Ley de Arrendamientos Urbanos.
En cambio, si nos ceñimos a los datos, parece que el porcentaje de viviendas en alquiler en el Estado es inferior a cerca del 25% que había en 1985. El parque de alquiler no ha dejado de menguar desde el 50% que representaba en la década de 1950.En 2018 un 16,9% de las familias en España vive de alquiler según la encuesta de condiciones de vida, aunque para una buena parte de ellos vivir de alquiler no es una elección libre ni tampoco lo es pagar las rentas actuales, así que no se puede calificar como una corriente social o una evolución natural del estilo de vida por lo forzoso de la situación.
Si los inquilinos viven con absoluta angustia o incertidumbre el momento de extinción o renovación del alquiler es fundamentalmente por el incremento de precio en la nueva renta de alquiler, algo que se tiene casi asegurado en todas las ciudades actualmente. Buena parte del inquilinato considera abusivo el precio actual y de buena gana optarían por la compra si fuera asequible o tuvieran cualquier tipo de ayuda para mejorar la inestable situación que padecen.
La política de vivienda está dando un importante giro que apunta a una mayor fuerza de lo social y parece que camina hacia el equilibrio. Entre las medidas de urgencia tomadas en el Real Decreto Ley en materia de vivienda y en materia de arrendamientos se revela que las políticas están tomando un nuevo rumbo y respon